La Agenda 2030 (la <<Agenda>>) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es un compromiso adoptado por 193 países. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, supone una llamada a los países de la Tierra para promover un cambio universal, con acciones y metas específicas, hacia el desarrollo global, cimentado en los valores de la Declaración de los Derechos Humanos. La Agenda se encamina a combatir la desigualdad social y el cambio climático, y coloca a las personas en el centro del desarrollo como sujetos de la transformación sostenible.

La Agenda sirve de guía para implantar una estrategia que integre los ámbitos económico, social y medioambiental. De otro modo, supone un plan de acción para las personas (People), el planeta (Planet), la prosperidad (Prosperity), la paz (Peace) y la cooperación (Partnership). De esta manera, se propone, en el año 2030, acabar con la pobreza, promover la prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países.

A lo largo de los últimos años, se ha constatado que la recuperación económica no está afectando de la misma manera a todas las personas. Por ejemplo, por un lado, en términos generales, la creación de empleo no ha supuesto una reducción evidente de la desigualdad y la pobreza. Por otro lado, el calentamiento global y la lucha contra el cambio climático implican un eminente reto: los análisis y datos científicos han demostrado que una inacción ante esta emergencia puede comportar consecuencias catastróficas para el planeta.

La Agenda se exhibe como un escenario de oportunidades y responsabilidades para nuestro país, las Comunidades Autónomas (CCAA), los Gobiernos Locales (GGLL) y otros actores sociales como protagonistas en la implementación de la Agenda desde la realidad de sus territorios.

Los objetivos y sus metas son universales. Por lo tanto, en su implantación y puesta en marcha, se tendrán en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada una de las regiones, respetando sus políticas y prioridades en este ámbito.

La Agenda 2030 (la <<Agenda>>) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es un compromiso adoptado por 193 países. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, supone una llamada a los países de la Tierra para promover un cambio universal, con acciones y metas específicas, hacia el desarrollo global, cimentado en los valores de la Declaración de los Derechos Humanos. La Agenda se encamina a combatir la desigualdad social y el cambio climático, y coloca a las personas en el centro del desarrollo como sujetos de la transformación sostenible.

La Agenda sirve de guía para implantar una estrategia que integre los ámbitos económico, social y medioambiental. De otro modo, supone un plan de acción para las personas (People), el planeta (Planet), la prosperidad (Prosperity), la paz (Peace) y la cooperación (Partnership). De esta manera, se propone, en el año 2030, acabar con la pobreza, promover la prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países.

A lo largo de los últimos años, se ha constatado que la recuperación económica no está afectando de la misma manera a todas las personas. Por ejemplo, por un lado, en términos generales, la creación de empleo no ha supuesto una reducción evidente de la desigualdad y la pobreza. Por otro lado, el calentamiento global y la lucha contra el cambio climático implican un eminente reto: los análisis y datos científicos han demostrado que una inacción ante esta emergencia puede comportar consecuencias catastróficas para el planeta.

La Agenda se exhibe como un escenario de oportunidades y responsabilidades para nuestro país, las Comunidades Autónomas (CCAA), los Gobiernos Locales (GGLL) y otros actores sociales como protagonistas en la implementación de la Agenda desde la realidad de sus territorios.

Los objetivos y sus metas son universales. Por lo tanto, en su implantación y puesta en marcha, se tendrán en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada una de las regiones, respetando sus políticas y prioridades en este ámbito.